El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara, se defendió este martes al alegar que esa institución no hacía compras, ni tenía una parte operativa ni mucho menos un territorio que gestionar.

“La Cdeee ni tiene ingresos siquiera, no tiene posibilidad alguna de hacer grandes compras ni nada que se parezca”, manifestó.

Consideró que en términos políticos tiene más impacto utilizar su nombre en la acusación que “cualquier otra cosa”.

Este martes el Estado dominicano presentó una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con constitución en actor civil, contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

A un total de 15 personas, entre ellas Jiménez Bichara, se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los otros nombres de la querella son Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Anti Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Bichara precisó a Diario Libre que no ha tenido acceso a un nivel de detalles sobre las acusaciones que le permitan tener una opinión apropiada sobre las mismas.

“Hablan de una serie de informes sobre las EDE (empresas distribuidoras de electricidad), pero no tengo más allá (documentos) de las cosas que se han dicho. No me ha llegado nada en lo absoluto”, declaró Jiménez Bichara.

El vicepresidente del Consejo Unificado de las distribuidoras, Andrés Astacio, realiza desde la semana pasada una serie de señalamientos, derivados de alegadas auditorías hechas a las EDE, en las cuales se evidencian presuntos actos de corrupción ascendentes a RD$30,000 millones.

Entre los supuestos actos irregulares cometidos por las anteriores autoridades se citan la compra a sobreprecios de materiales y equipos eléctricos, pagos duplicados en la construcción de proyectos, adquisición de bienes y servicios y pagos violatorios a la ley y a los procesos internos de las distribuidoras.

Jiménez Bichara refirió que en algún momento los exadministradores de las EDE “me enviarán algún tipo de información que le he solicitado para entender de qué se trata, pero hasta ahora no he tenido información suficiente que digamos”.

Aclaró que las denuncias hechas por las actuales autoridades del sector hacen alusión a compras de materiales y equipos de las distribuidoras y que solo el personal que está en el área operativa es que hace uso de estos.

“Me imagino que en su momento los propios administradores me darán alguna información o algo que hayan recibido”, puntualizó el exfuncionario.

El ministro de Energía, Antonio Almonte, los administradores actuales de las tres distribuidoras eléctricas y el Consejo Unificado han realizado denuncias sobre presunta corrupción en esas empresas, en las cuales involucran a vinculados del expresidente Danilo Medina.

Almonte, días después de su llegada al cargo y durante un Diálogo Libre, reveló que las EDE formaron parte del andamiaje político-electoral del anterior gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguran que las tres empresas sufrieron un “desmadre” en términos de gastos, malas prácticas e ineficiencia.

Este lunes el Consejo Unificado inició el proceso para judicializar las presuntas irregularidades encontradas en las EDE con una visita a la Procuraduría General de la República, donde su vicepresidente acudió luego de que fuera citado por el órgano investigativo. Este martes el propio Astacio presentó la querella en representación del Estado.

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió la mañana de este lunes la audiencia del caso Odebrecht debido a la ausencia de una de los juezas.

La decisión de suspender la audiencia fue tomada luego de que la jueza Giselle Naranjo comunicara que no podría asistir a la misma, ya que tenía que atender “asuntos personales”.

"Conforme a lo que establece el artículo 308 del Código Procesal Penal, el juicio se conoce con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes, por tanto, se impone una suspensión de este juicio a fin de que la magistrada Gisselle Naranjo pueda integrar el tribunal para la reanudación formal del mismo", explicó la jueza presidenta Gisselle Méndez

Igualmente informaron que la continuidad del juicio fue programado para este jueves.

Hoy en el juicio estaba pautada la presentación de pruebas documentales por parte del imputado Conrado Pittaluga.

El pasado 14 de mayo el Ministerio Público concluyó con la presentación de 1,700 pruebas durante el juicio contra los acusados en el caso Odebrecht.

Ese último día, el Ministerio Público presentó cerca de 30 pruebas solo contra Conrado Pittaluga.

Dentro de las pruebas, se acusa a Pittaluga de haber recibido y distribuido dinero de los US$92 millones que repartió la empresa Odebrecht con el fin de adquirir contratos de obras públicas en el país.

“Evidentemente son pruebas que corroboran la teoría del Ministerio Público y que avanzan en su acusación; pruebas como los contratos a través de los cuales se transparentaron los depósitos de los sobornos”, señaló la representante del Ministerio Público.

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